Los familiares de los tres peruanos que en 1993 fueron secuestrados, torturados, asesinados e incinerados en un horno del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) de Perú anunciaron que pedirán al Gobierno que ubique lo que quede de sus restos.
En una conferencia de prensa junto a los parientes de las víctimas, la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, anunció que exigirán al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Defensa que tomen "las acciones pertinentes para la búsqueda de los restos".
Cano y los familiares de los desaparecidos manifestaron su satisfacción por el fallo condenatorio que emitió el martes la Segunda Sala Penal Liquidadora sobre este caso, pero precisaron que no podrán descansar en paz hasta que no sea confirmado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Perú.
La sentencia condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos tras determinar que en los sótanos del SIE se ejecutó y desapareció al profesor Justiniano Najarro Rúa y a los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
El fallo contempló los hechos ocurridos como delitos de lesa humanidad y también condenó a 22 años de prisión al ex comandante general del Ejército y exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, y a 15 años de prisión al prófugo exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) Jorge Nadal Paiva.
Cano añadió que el fiscal impugnó la sentencia al considerar que los condenados deben recibir la máxima pena posible por delitos de lesa humanidad, que son 25 años de prisión.
"No hay ningún atenuante para este crimen. Tiene todos los agravantes: crueldad, secuestro, tortura, asesinato, cremación y desaparición de los restos, que hasta ahora permanecen escondidos para sus familiares", comentó Cano.
fuente:listindiario.com
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