Tras el aplazamiento del conocimiento de dichas observaciones por parte de la Cámara de Diputados del pasado jueves 11, reiteraron que las observaciones del presidente fueron muy claras y responden a los intereses de las mujeres que son más de la mitad de la población, y a la voluntad de la ciudadanía expresada en numerosas encuestas y sondeos de opinión.
“Esperamos que el Congreso Nacional acoja de manera positiva la Observación Presidencial y decida a favor de la vida, salud y los derechos de las mujeres conforme a la Constitución, los compromisos internacionales y en respeto a la voluntad ciudadana”, puntualizaron.
“Lo que se está demandando es el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y a recibir protección del Estado cuando ejerzan ese derecho”
Reiteraron que las excepciones que exigen en las cuales se penalice la interrupción del embarazo se trata de cuando peligra la vida de la mujer, cuando esta ha sido víctima de una violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida
Durante una rueda de prensa realizada en el Colegio Medico Dominicano (CMD) aclararon que la excepción a la pena de interrupción del embarazo en los casos de malformaciones incompatibles lo cual vida no implica negar el derecho a la vida de personas con discapacidad.
“Queremos explicar que casos de malformación del embrión o feto como la ausencia parcial o total del cerebro, un cerebro situado fuera del cráneo, la ausencia de riñones y la ubicación anormal del corazón por fuera de la caja torácica, por citar algunos ejemplos médicos, son incompatibles con la vida, es decir que ese embrión o feto morirá irremediablemente dentro del útero o inmediatamente después de su nacimiento”, establecieron los miembros de la Coalición.
Representantes de las organizaciones sociales y políticas que conforman la Coalición explicaron que no se están planteando la obligatoriedad de abortar para todas las mujeres que han sido víctimas de una violación, tal como se ha difundido.
El representante del CMD y parte de la Coalición, Pedro Sing, argumentó que si bien la protección a la vida establecida en el artículo 37 de la Constitución prevé circunstancias en las cuales una persona puede ser sometida a procedimientos médicos cuando su vida se encuentre en peligro, esta disposición no es suficiente para que el personal de salud actúe de manera diligente.
Esto, tras destacar la sanción legal a que será sometido un medico que realice un aborto terapéutico cuando se requiera. “Es cierto que no hay médicos condenados por realizar un aborto terapéutico, pero esto no evita que haya mujeres muertas por ser obligadas a llevar a término embarazos de alto riesgo”.
Las sanciones establecidas en las modificaciones al Código Penal van de 10 a 30 años de cárcel, si es que la mujer no sobrevive.
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fuente:acento.com.do
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