SAN JUAN.- Puerto Rico admite desde hoy los matrimonios de parejas del mismo sexo, una vez cumplidos los 20 días necesarios para que la reciente decisión del Supremo de EE.UU. de declarar constitucional estas uniones se convirtiera en final y firme.
Según explicó Ana Conde, una de las principales activistas por esta causa en Puerto Rico y que llevó incluso al Gobierno de la isla hasta la Corte federal de Apelaciones, la legislación vigente establece que debían pasar veinte días que el pasado 26 de julio el Supremo emitió su decisión antes de ser de aplicación.
Ese plazo se cumplió anoche y de nada sirvió el recurso de urgencia interpuesto por un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el principal grupo opositor de la isla, intentado evitar que la decisión del Supremo de EE.UU. fuera de obligada aplicación en Puerto Rico.
Puerto Rico es lo que se conoce como un territorio no incorporado de EE.UU. que tiene el estatus de Estado Libre Asociado, por lo que goza de gran autonomía para la gestión de asuntos internos, pero sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense y la isla debe respetar las leyes de ámbito federal.
El jueves el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que no había lugar a la moción de auxilio de jurisdicción y el recurso de certificación intrajurisdiccional presentados por los demandantes, que alegaban que la decisión del máximo foro judicial estadounidense no aplicaba automáticamente a los territorios no incorporados a EE.UU.
"Puerto Rico no puede negarse a reconocer los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Ese es el derecho vigente y, según el cual todos los tribunales, incluyendo esta Curia, deben regirse", se explica en el escrito del Supremo puertorriqueño.
Los legisladores del PNP querían que se detuviera la aplicación de la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador, Alejandro García Padilla, el mismo 26 de junio ordenando que se realizaran todos los trámites necesarios para que se pudieran empezar a conceder licencias matrimoniales a las parejas homosexuales cuanto antes.
Al respecto, en otra parte del escrito se asegura que "cuando los funcionarios del Estado promueven una acción para negarles a sus ciudadanos las protecciones que dispensa la Constitución e impedirles el ejercicio de un derecho fundamental palmariamente reconocido al amparo de ésta, no cabe duda de que nuestro ordenamiento constitucional está bajo asedio".
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fuente:eldiariolibre.com.do
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