SANTO DOMINGO.- Ha provocado una oleada de comentarios en los cuerpos armados de la República Dominicana el caso de seis militares y un miembro de la Policía Nacional que acaban de ser acusados por el Ministerio Público de ingresar al país de manera ilegal 220 armas de fuego.
Son ellos el general de brigada paracaidista Bienvenido Cordero Batista, el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilez, el mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz, el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, el primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho y el primer teniente de la Policía Nacional José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, algunos de ellos con más de veinte años en este departamento. Además, el coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que supuestamente vendía las armas traficadas.
Tras meses de investigación conjunta, el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía así como la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde 2012 “se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de 300 mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06”.
Luego de varios allanamientos, Procuraduría General de la República dice haber descubierto que esos siete uniformados eran los supuestos responsables de dicha irregularidad. Dijo que ellos “aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, conformaron una red que ingresó al país de manera irregular dichas armas, en operaciones a las que daban apariencia lícita”.
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