Dilma Rousseff fue definitivamente apartada del cargo de presidenta de Brasil.
En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.
Y también está el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff que precipitó su destitución tras cinco años y medio en el cargo.
El “impeachment” también provocó que Michel Temer se convierta en el presidente de los brasileños hasta el que debía ser el fin del mandato de Rousseff, en 2018.
Todo esto fue posible después de que se le abriera un juicio político a la ya expresidenta del país más grande de Sudamérica.
El proceso lo inició una comisión especial de la Cámara de Diputados por considerar que había indicios de que la presidenta cometió crímenes “de responsabilidad”.
Pero la principal acusación que le costó el cargo a Rousseff no fue exactamente el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpicó de lleno a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Tampoco se basó en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
Ni la denuncia se apoyó en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado.
Pues no.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y causó una gran fisura en Brasil, separando a quienes creían que sería justo destituirla por algo así, de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
El pedido de “impeachment” a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas.
Uno de ellos, Hélio Bicudo, de 94 años, fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Y días después de formular la denuncia, Bicudo le dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas consideraban que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su mandato.
Rousseff negó haber cometido el crimen de responsabilidad que por el que fue condenada e insistió en calificar de golpe de Estado el juicio político.
“¿”Impeachment” sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe“, ha dicho la exguerrillera izquierdista de 68 años.
fuente:acento.com.do
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