SANTO DOMINGO. El anuncio del presidente Danilo Medina de someter a la justicia aquellas personas que sean halladas culpables de provocar la deforestación en los bosques del territorio nacional, ha despertado el escepticismo entre ambientalistas ante la proclama, y creen que las autoridades deben comenzar por vigilar a los “grandes”.
Expertos consideran innecesarios los pronunciamientos que hiciera el mandatario frente a productores de Hondo Valle, en Elías Piña, de que “a partir de ahora el que se meta a deforestar va preso” y estiman que lo único que debe garantizarse es el cumplimiento de la Ley Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual estipula claras sanciones para quienes incurran en violaciones a sus disposiciones.
Luis Carvajal, profesor de biología y ciencias agronómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), define como lamentable la situación medioambiental del país y revela que todas las cuencas de los ríos “se encuentran amenazadas”.
“Lo único que tenía que decir el presidente es que se va a aplicar la ley. Yo espero que se aplique a las riquezas extremas que han estado depredando las cuencas altas (de los ríos)”, sostiene Carvajal, quien también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD).
En un informe de marzo del presente año, elaborado por la ACRD y la UASD, se expone la delicada situación de las zonas montañosas de Constanza, Jarabacoa, Bonao, Ocoa y Padre Las Casas como consecuencia del desarrollo de la producción hortícola en terrenos con pendientes propensos a la erosión y la consecuente contaminación de las aguas que descienden por estas laderas.
Además, se advierte que producto de la actividad agrícola en las cumbres montañosas “se está deforestando y eliminando todo tipo cobertura vegetal, quedando los suelos expuestos a la erosión”.
Carvajal denuncia la ocupación de las cuencas de los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte, Nizao y el bajo Yuna por la agricultura extensiva como un factor donde “el poder extremo del país se ha manejado de una manera prepotente”.
Otro factor a tomar en cuenta son las concesiones mineras en las cercanías de parques nacionales como Armando Bermúdez, Nalga de Maco y el área verde de Loma Miranda, “lo cual contradice con esta visión política” de apresar a quienes infrinjan la ley, reflexiona el profesor Carvajal.
En la Constitución de 2010, se establecen claras disposiciones hacia la protección del medio ambiente, los recursos naturales y en especial el agua como un patrimonio nacional de uso público e inalienable.
El artículo 17 de la Carta Magna “declara de prioridad nacional y de alto interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales”.
fuente:diariolibre.com.com
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