Nadie acusó a Dilma Rousseff, la recién destituida presidenta de Brasil, de haber incurrido en algún acto de corrupción. Ninguna voz se levantó en su contra imputándole haber sustraído fondos públicos en provecho propio. Nadie alegó soborno, cohecho o estafa.
El propio Senado que la estaba juzgando no encontró la forma de condenarla.
No pidió que fuera transferida a la jurisdicción penal a los fines de ser juzgada por comisión de delitos. No pidió ninguna medida de coerción en su contra. No ordenó su privación de libertad. No consignó pago de multas.
Por el contrario, lo que estableció el Senado brasileño fue que Dilma Rousseff tenía el derecho de continuar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que estos no habían sido quebrantados, y que, por consiguiente, resultaba elegible para cualquier futuro torneo electoral.
Siendo así, lo que aconteció en Brasil en relación a Dilma Rousseff no fue un juicio o un impeachment.
Fue, más bien, una especie de teatro, un melodrama, una tragicomedia, que enmascaraba el hecho de que, en el fondo, de lo que realmente se trata es de una lucha de poder.
Los sectores conservadores del país, extenuados con estar fuera del control del Estado por cerca de 14 años, y con las perspectivas de continuar de esa manera por una década adicional (por el eventual retorno de Lula), decidieron, apelando a presuntos mecanismos de legalidad, ponerle fin a lo que el pueblo, de manera legítima, había decidido en la urnas: la elección de Dilma Rousseff. La recriminación contra la presidenta Dilma Rousseff fue por una supuesta falta de tipo administrativo.
Se le acusaba de haber empleado maniobras contables ilícitas para ocultar un déficit fiscal.
fuente:listindiario.com
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