SANTO DOMINGO. El diputado Fidelio Despradel denunció hoy ante el Ministerio de Energía y Minas que los planes de instalación de varios proyectos de megaminería en la zona del Valle de San Juan crearía un desastre natural, social y económico en esa jurisdicción, así como en Elías Piña y Azua.
En una carta dirigida al ministro Antonio Isa Conde, el legislador por Alianza País advirtió que, contrario a las pretensiones de algunas autoridades nacionales, en la zona del Yaque del Sur no existen condiciones para extraer grandes cantidades de metales con ningún tipo de tecnología, pues se pondría en riesgo de inmediato la poca agua disponible para el consumo humano.
Sostuvo que la zona es vital para todos los que “queremos vivir en un país productivo, con generación amplia y creciente de empleo decente, con agricultura y pecuaria avanzada y con múltiples industrias que puedan crearse a partir de las materias primas generadas en la zona, este gran objetivo está ahora amenazado: desde Padre de las Casas hasta Elías Piña hay un corredor ininterrumpido de concesiones mineras que ponen en riesgo la vida económica de San Juan y Barahona y la paz social de la región y el país”, sostiene Despradel.
En la carta, Despradel responde a las declaraciones recientes en las que el ministro Isa Conde asegura que existen nuevas tecnologías para extraer oro y otros metales sin causar los daños propios de la minería a cielo abierto.
“¡La gran minería es un proceso infernal! Sea a cielo abierto o en grandes túneles y socavones subterráneos siempre necesitan una gran cantidad de agua y depósitos (las llamadas presas de cola) donde van a parar los desechos, que siempre son altamente contaminantes”, explica Despradel, después de visitar el proyecto minero que la multinacional Gold Quest pretende desarrollar en la zona del Valle de San Juan.
Despradel destacó la necesidad de aprobar de urgencia una nueva ley minera, acorde a los intereses del país y ajustado a la realidad geográfica y ambiental.
Según el legislador, también es necesario revisar todos los contratos mineros en ejecución y establecer parámetros pertinentes para que los nuevos garanticen los intereses económicos, sociales y ambientales, y la soberanía del país.
fuente:diariolibre.com.do
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