El presidente Danilo Medina dispuso por decreto la incorporación obligatoria de la enseñanza de la Constitución de la República en el sistema educativo dominicano, una disposición que cumple con el mandato de la carta magna proclamada en 2010, que ordena la instrucción cívica y social de los derechos y garantías fundamentales.
El decreto 310-16 instruye al ministerio de Educación para que a través del Consejo Nacional de Educación adecúe los currículos educativos para garantizar el efectivo cumplimiento de la disposición.
“Se declara de alto interés nacional la promoción de los valores y principios de la Constitución en el Sistema Educativo Dominicano, con la finalidad de construir y promover una cultura constitucional acorde a los preceptos de la clausula de Estado social y Democrático de Derecho”, señala el primer artículo de la disposición presidencial.
En el decreto se señala que el ministerio de Educación tendrá a su cargo la coordinación, formulación e implementación de las estrategias y líneas de acción indispensables para generar las adecuaciones técnicas que exige el mandato.
El quinto artículo de la disposición presidencial instruye al Ministerio de Educación a definir los términos de los acuerdos interinstitucionales que dentro del marco legal nacional deba firmar para promover la conformación de alianzas con otros poderes del Estado o dependencias públicas y organizaciones de la sociedad civil, “con el propósito de permitir una mejor realización de los cometidos propuestos por este decreto”.
Mandato por cumplir
La enseñanza de la Constitución en las escuelas se había constituido en uno de los mandatos sin cumplir de la Carta Magna aprobada el 26 de enero de 2010, pese a los persistentes reclamos del Tribunal Constitucional para que se acate esa disposición. Ese mandato está contenido en el artículo 63, numeral 13, de la Constitución, referente al Derecho a la Educación.
fuente:listindiario.com
La enseñanza de la Constitución en las escuelas se había constituido en uno de los mandatos sin cumplir de la Carta Magna aprobada el 26 de enero de 2010, pese a los persistentes reclamos del Tribunal Constitucional para que se acate esa disposición. Ese mandato está contenido en el artículo 63, numeral 13, de la Constitución, referente al Derecho a la Educación.
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