SANTO DOMINGO.-En República Dominicana la impunidad y falta de aplicación de un régimen efectivo de consecuencias protegen a funcionarios que incumplen con el mandato legal de transparentar sus bienes materiales como manda la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) y a su Reglamento de Aplicación (Decreto 92-16).
Así lo establece un nuevo análisis de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) que arroja que al 30 de enero pasado, aunque ningún funcionario o exfuncionario dependiente directo del Poder Ejecutivo había dejado de presentar su DJP, “sólo el 5%, equivalente a 256 de 5,159 servidores públicos obligados a cumplir con ese requisito lo había hecho en tiempo hábil”.
La información la difundió el educador Fernando Ferrán, director del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán, de la PUCMM.
El informe explicó que, conforme a las informaciones de la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD), “el 95% de los 5,159 funcionarios y exfuncionarios públicos obligados actualmente por ley a presentar su DJP ante ese organismo incumplen con esa obligación”.
Añadió que la violación de la ley en que incurrieron 4,903 servidores públicos se debió a que 4,124, equivalente al 84%, no presentó su DJP y a que 779 (16%) lo hicieron “en forma extemporánea”.
fuente:elnuevodiario.com.do
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