
Por tanto, insisten en que la Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, “cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016”.
En un documento enviado a la prensa, los partidos opositores afirman que el informe publicado por el departamento de Informática ha confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA.
fuente:listindiario.com
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