La Procuraduría General de la República le dio ayer un espaldarazo al proyecto de ley sometido por el senador Félix Bautista, que le otorga competencia para trazar políticas de prevención destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres, porque considera que es coherente con las atribuciones que la Constitución y la ley 133-11 le otorga al ministerio público, de prevenir y perseguir el delito.
Plantea que el proyecto, que crea un sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, viene a rescatar las funciones constitucionales y legales del ministerio público.
Destaca que la pieza legislativa evita la duplicidad de funciones y busca que las instituciones tanto públicas como privadas y de la sociedad civil trabajen en coordinación, estableciendo roles específicos para cada una.
La Procuraduría asegura que el ministerio público está facultado por ley para dirigir y formular las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad, y que la violencia de género constituye un delito por lo cual entiende que tiene competencia para dirigir las estrategias de prevención en esa materia, como le asigna el proyecto de ley.
En cambio, señala que la ley 86-99, que crea el Ministerio de la Mujer, no contempla dentro de su contenido la palabra prevención, sino que sus atribuciones se limitan a la problemática de igualdad y equidad de género. La posición de la procuraduría con relación al proyecto de ley fue dada por la procuradora adjunta Marien Montero Beard, coordinadora de desarrollo legislativo y regulatorio, y Sheily Núñez Guerrero, directora de Prevención de la Criminalidad, quienes defendieron la iniciativa legislativa y resaltaron sus ventajas durante una visita que hicieron a Listín Diario.
fuente:listindiario.com
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