La Procuraduría General de la República informó ayer que durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también ha realizado el análisis de miles de documentos.
Precisó que en el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas, además de que los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. “Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, indicó en una declaración escrita.
Indica que “como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas”. Destacó que, sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se le soliciten y por el momento, sin que signifique que haya comprometido su responsabilidad penal.
“Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”, añadió la Procuraduría.
fuente:listindiario.com
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