Invasores de tierra privada crean incertidumbre a dueños

Aunque constituye una práctica que ha ido mermando, las invasiones de terrenos siguen siendo un dolor de cabeza para algunos propietarios de inmuebles, que para sacar a los intrusos de sus parcelas tienen que buscar protección policial a través del Abogado del Estado, un proceso que les representa gasto de tiempo y dinero.

Durante el 2015, la Oficina del Abogado del Estado del Departamento Central, con sede en el Distrito Nacional,  otorgó protección policial a 76 propietarios para expulsar invasores, y en lo que va de año ha concedido 24.  

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el auxilio de la fuerza pública se solicita más en los sectores Los Alcarrizos, Manoguayabo, Sabana Perdida, Villa Mella, La Caleta y Brisa del Este.  

El abogado del Estado del Distrito Nacional, Gedeón Platón Batista, precisó que el auxilio de la fuerza pública se solicita generalmente para sacar a varias personas que se asocian con el propósito de apoderarse de terreno privado. Por la resolución de protección policial el interesado debe pagar un impuesto de RD$500, a través del Banco de Reservas.   

Esa posesión ilegal de bienes genera incertidumbre a los legítimos dueños de los predios, que se ven en la necesidad de incurrir en gastos para trasladarse a realizar gestiones y pagar un abogado para que les asesore.    

Procedimiento
La Ley 108-05  sobre Registro Inmobiliario, establece el procedimiento a seguir.  

Batista explica que el interesado debe dirigirse a la oficina del abogado del Estado a presentar su denuncia mediante una instancia.  

Dice que de inmediato se procede a enviar a un abogado adjunto a realizar una inspección, que en la mayoría de las veces va acompañado de un agrimensor que certifica que el predio invadido pertenece a la persona que presentó la denuncia, en base a un certificado de título.

“Luego de comprobada esa situación y haber tomado las fotos correspondientes, se le rinde el informe a esta oficina del abogado del Estado y procedemos a conceder, sin demora, el auxilio de la fuerza pública para el desalojo”, asegura. Para otorgar la fuerza pública, Batista dice que el propietario debe esperar alrededor de una semana.  

Han trabajado casos de invasores reincidentes. Y puso  como ejemplo el caso de una propiedad en Caballona, de la provincia Santo Domingo, de donde fueron sacados los invasores y luego volvieron a ocuparla.

Al desacatar una disposición de la autoridad, las personas fueron sometidas a la justicia por violación de propiedad.  

FUENTE:LISTINDIARIO.COM