Santo Domingo.- El procurador general de la
República, Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre los riesgos que
ocasionaría una llamada molestosa realizada al Sistema Nacional de
Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1, asegurando que en dichos
casos el Ministerio Público procederá a gestionar las sanciones
correspondientes de acuerdo a la Ley 140-13, que contempla, entre otras
penalidades, prisión correccional, pago de multas y trabajo comunitario
dependiendo de la magnitud del caso.
Durante rueda de prensa, el máximo representante
del MP advirtió sobre las consecuencias no sólo en el ámbito penal, que
puede generar el mal uso de este sistema y la violación a la indicada
ley.
“La República Dominicana ha dado un paso
trascendental gracias al esfuerzo y la voluntad del presidente Danilo
Medina, quien pone en ejecución la primera etapa de este Sistema
Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, para lo cual será la
colaboración y concienciación de todos los actores y sectores de la
vida nacional”, aseguró Domínguez Brito.
Exhortó a los padres informar a sus hijos sobre
cómo utilizar el 9-1-1 en caso de emergencia y a concienciarles para
que no hagan un uso incorrecto de esta herramienta.
Con relación a unas 150 primeras llamadas
molestosas que han recibido a través del sistema, dijo que el Ministerio
Público no abrirá proceso, sino que visitará a unas cuatrocientas
personas de cuyos números aparecen registradas, para concienciarlas
sobre las consecuencias que podría generar ese tipo de acción. .
Manifestó que a lo que la ciudadanía debe abocarse
es al uso prudente y responsable del 9-1-1, ya que a su juicio, el
intento de vulneración al mismo, no sólo conlleva sanciones penales
contra los infractores.
“Tenemos que ser conscientes de que, si utilizamos
de forma inadecuada este sistema, podríamos poner en riesgo la vida y
la seguridad de otras personas, que quizás en un momento necesite la
asistencia médica o policial y que, por esa llamada innecesaria,
probablemente no recibiría respuesta pertinente. Desde la Presidencia de
la República existe mucha fe en que el 9-1-1 nos permitirá, bajo una
red unificada de servicios públicos, garantizar la seguridad, la
asistencia y la tranquilidad de todas las comunidades en donde operará
inicialmente todo este engranaje. Ahora corresponde a la ciudadanía
desarrollar una cultura de uso debido y responsable, para el beneficio
de todas y todos”, exhortó FDB.
Igualmente alertó sobre el cuidado de toda la
infraestructura que conlleva el sistema del 9-1-1, específicamente en lo
referente a las mil 300 cámaras de monitoreo que desde ya se han ido
instalando en todo el perímetro del gran Santo Domingo y otros
municipios, advirtiendo que la destrucción de las mismas de manera
abusiva, también conlleva sanciones drásticas y que pudieran catalogarse
en un momento determinado como atentado contra la seguridad nacional.
“Todos estos equipos, tanto las cámaras de
monitoreo, como las motocicletas, ambulancias y camionetas que han sido
puestos a la disposición de la Policía Nacional, Salud Pública, Amet y
el Cuerpo de Bomberos, así como las señalizaciones codificadas
especialmente para hacer posible la identificación de puntos vulnerables
y que han sido colocadas en las distintas calles y avenidas, deben ser
cuidadas por todas y todos”, expresó.
Al mismo tiempo, el Procurador General agregó “no
podemos permitir que personas sin tacto y sin consciencia se dediquen a
destruir nada de esto y si llegara a suceder, que sepan que igualmente
la ley contempla sanciones en estos casos”.
La Ley 140-13, promulgada por el presidente de la
República, licenciado Danilo Medina, busca dotar al país de una
herramienta tecnológica que permita integrar todas las instituciones que
tienen como responsabilidad la seguridad pública, para que la población
de manera rápida pueda canalizar y recibir respuestas oportunas a sus
situaciones de emergencias, a través de un medio único, práctico y
eficiente.
Las autoridades destacaron que la indicada ley
contempla sanciones con multas de uno a cinco salarios mínimos del
sector público en los casos de llamadas molestosas, obscenas, morbosas e
insultantes, así como contra aquellos que manipulen, sin autorización,
los equipos, los programas informáticos y otros aparatos utilizados para
la prestación de los servicios del sistema.
Agregaron que igualmente contempla sanciones con
multas de cinco a quince salarios mínimos del sector público por la
comisión de infracciones tales como realizar llamadas de manera
fraudulenta e ilegal, así como en los casos que se compruebe fueron
realizadas para reportar situaciones falsas de emergencias.
Se impondrán sanciones similares además por
acciones tendentes a ocasionar daños a las redes y a los equipos de
comunicación o a cualquier otro elemento necesario para la prestación
del servicio, así como en los casos de interferir o interceptar las
comunicaciones del sistema, o afectar en cualquier otra forma su
funcionamiento, como consecuencia de conexiones o instalaciones no
autorizadas.
Conforme expresa dicha normativa, en adición a las
indicadas sanciones, también se impondrán penas complementarias de
trabajo comunitario, no remunerado, por un período no mayor de ocho
horas y la obligación de recibir orientaciones educativas sobre el
Sistema Nacional de Atención.
La Ley 140-13 prevé que cuando los organismos de
socorro se presenten al lugar de la falsa emergencia, se considerará
como una infracción grave, la cual será sancionada con multas de treinta
salarios mínimos del sector público y prisión correccional.
fuente:elnuevodiario.com.do
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