REDACCIÓN.-Un reportaje de Huffington Post acusa al gobierno de la República Dominicana de fomentar un apartheid contra los dominicanos de origen haitiano.
En la sección Black Voices, el Huffington publicó un reportaje firmado por Kumera Genet, en el cual afirma que hace más de un año desde que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168/13 TC, se despojó de la ciudadanía hasta 250,000 dominicanos de ascendencia haitiana.
Sostiene la publicación que a partir de esta sentencia las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del Gobierno dominicano han utilizado numerosos métodos para evitar la responsabilidad legal por sus acciones, que violan la propia Constitución de la República Dominicana y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país forma parte.
“La deprimente realidad es que el Estado dominicano lleva 10 años en un proceso de construcción de un sistema de apartheid legal para los dominicanos nacidos de padres haitianos. Este grupo de segunda y tercera generación de dominicanos siempre ha enfrentado la oposición a ser plenamente reconocidos como ciudadanos dominicanos, pero su Gobierno parece decidido a cimentar legalmente esta discriminación, y está cada vez más cerca de este objetivo”, sostiene.
Explica que el apartheid es mejor conocido como el sistema de segregación racial del siglo XX en Sudáfrica. Se define por las Naciones Unidas como “actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”. Estos actos incluyen “medidas legislativas que discriminan en las esferas política, social, económica y cultural”.
Agrega que la raza es una construcción social compleja y no un concepto universalmente aceptado, pero las Naciones Unidas define la discriminación racial como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública”.
Según el reportaje, hay una larga y documentada historia en la República Dominicana de los prejuicios contra los niños dominicanos hijos de inmigrantes haitianos. Este prejuicio que se ejerce encaja definición de discriminación racial de las Naciones Unidas, y las recientes medidas legales del gobierno dominicano parecen tener la intención de avanzar hacia una sociedad legalmente segregada que puede ser considerado un “Estado de apartheid”.
Hasta 2010, la Constitución Dominicana concedió la ciudadanía a todos los niños nacidos en el país, con algunas excepciones. Una de esas excepciones era que los niños nacidos de los “extranjeros en tránsito” no son dominicanos por nacimiento. En la Constitución, “en tránsito” se refiere a los hijos de las personas que estaban temporalmente en el país por un período de hasta 10 días.
El proceso de construcción de una existencia legal separada para los dominicanos de ascendencia haitiana se inició en 2004, cuando la definición de “en tránsito” se interpretó legislativamente de 10 días a una definición amplia que incluye a cualquier persona nace hija de dos padres migrantes indocumentados, independientemente del tiempo que hayan vivido en el país.
Desde este paso inicial, el gobierno dominicano ha tomado nuevas medidas para restringir aún más la capacidad de los dominicanos de ascendencia haitiana de vivir como ciudadanos reconocidos, culminando en la sentencia TC 0168/13, que despojó en efecto a múltiples generaciones de su ciudadanía.
Los dominicanos de ascendencia haitiana son una población que se mantenido indocumentada intencionalmente por el Estado. No es un problema de burocracia ni de inmigración. Este es un problema que el propio Estado ha creado.
Muchos dominicanos nacidos de padres haitianos no tienen tarjeta de identificación nacional ni certificados de nacimiento, porque esta documentación se les ha negado en repetidas ocasiones por las autoridades al nivel local y nacional.
La situación se agrava aún más por el hecho de que muchos descendientes de haitianos viven en zonas agrícolas rurales donde son más vulnerables a la discriminación y la marginación de los servicios gubernamentales.
El gobierno dominicano ha tenido éxito en complicar el problema y enturbiar el hecho de que la mayoría de los miembros de la comunidad descendiente de haitianos son ciudadanos dominicanos, no inmigrantes.
La idea de definir la ascendencia haitiana como inherentemente extranjera e incompatible con la identidad dominicana está tan arraigada que no es raro que los dominicanos que simpatizan con ellos y los dominico-americanos todavía se refieran a este grupo como “los haitianos”, y no como compatriotas dominicanos.
Hay evidencia de que las instituciones gubernamentales le niegan comúnmente a esta comunidad los documentos emitidos por el Estado por razones arbitrarias, como tener un apellido con resonancia haitiana o por tener el pelo sin desrizar si eres una mujer.
Las acciones del Estado dominicano desde 2004 están creando sistemáticamente una subclase sin estatus permanente en el país con derechos gravemente limitados.
La sentencia judicial del TC 0168/13 fue la derrota de un esfuerzo legal sostenido por los defensores dominicanos que utilizaron cada proceso jurídico interno con el fin de hacer frente a esta discriminación racial. Es difícil tener alguna nueva esperanza de justicia dentro de los mecanismos internos del país.
Grupos de la sociedad civil dominicanos han estado luchando durante años, y la situación jurídica se está deteriorando. En el año transcurrido desde la sentencia TC 0168/13, ninguna organización internacional ha aprobado o apoyado las interpretaciones legales del gobierno dominicano con respecto al derecho a la ciudadanía de los dominicanos nacidos de padres haitianos.
Por otra parte, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Foro del Caribe, Petrocaribe, numerosas organizaciones de derechos humanos, más de 20 organizaciones nacionales latinas en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Abogados de Estados Unidos, y escritores prominentes, activistas y académicos se han manifestado en contra de esta la discriminación y el precedente preocupante que establece.
El costo psicológico, económico y social de esta discriminación racial no se puede subestimar. Miles de dominicanos de ascendencia haitiana no pueden viajar, ni casarse, ni recibir una educación, ni ejercer la abogacía ni ejercer otros derechos y viven sin una nacionalidad definida.
En mayo de 2014, la legislatura de la República Dominicana aprobó la Ley de Naturalización 169-14, que fue promovida como un “camino a la ciudadanía” para los dominicanos de ascendencia haitiana.El primer paso a dar en el “camino” es que los dominicanos de ascendencia haitiana tendrían que registrarse como extranjeros. Hay demasiados problemas con esta ley y su aplicación para darle espacio a una consideración real.
La ley de naturalización no ha sido legalmente corroborada por ninguna organización o institución (aparte del gobierno dominicano) como un esfuerzo genuino para rectificar los problemas que el propio Estado dominicano creó. Además, sólo el 1% de la comunidad descendiente de haitianos ha recibido documentos del Estado desde que comenzó a aplicarse esta ley en mayo.
En respuesta al rechazo de la Ley Naturalización 169-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de la República Dominicana tomó la medida extrema de retirarse de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, dejando así al gobierno libre legalmente para continuar con el proceso de creación de una sociedad de apartheid.
En resumen, el gobierno dominicano ha hecho numerosos cambios y reinterpretaciones de la Constitución y las leyes que determinan la ciudadanía en los últimos diez años. Estos cambios están dirigidos a marginar a un grupo minoritario específico -los dominicanos de ascendencia haitiana- y a negar su acceso a los derechos plenos de la ciudadanía como la educación, el matrimonio, la propiedad, la libertad de movimiento, y la participación política.
En respuesta a la presión interna e internacional, el Gobierno no ha cambiado significativamente su línea de conducta y ha tomado medidas aún más extremas para restringir el derecho de este grupo a la ciudadanía.
El gobierno dominicano tiene la intención de retirarse de la corte internacional que consistentemente ha encontrado que viola las normas internacionales de los derechos humanos.
La respuesta más común del gobierno dominicano a la crítica internacional es esgrimir su derecho de la soberanía nacional y malinterpretar la situación como política de inmigración. Esto es una mentira, y es apartheiden las Américas. Debe revocarse o la República Dominicana se encontrará aislada.
Notal del autor
Me he referido específicamente al gobierno dominicano en esta entrada del blog porque su responsabilidad es honrar la Constitución dominicana. Hay opiniones variadas dentro de la sociedad dominicana y dominicano-estadounidense en torno a este problema, y un contexto político complejo del por qué esto está ocurriendo ahora.
No habría prácticas discriminatorias contra los dominicanos de ascendencia haitiana si no hubiera un apoyo interno a estas políticas. Sin embargo, en una encuesta de enero de 2014, el 58% de los dominicanos encuestados apoyó el reconocimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana como ciudadanos dominicanos.
Los puntos de vista de la sociedad dominicana son diversos, pero está claro que los defensores de la discriminación tienen actualmente el control de la agenda política. Existen numerosos grupos dominicanos y dominico-noteamericanos que participan en la lucha legal, académica y social contra la discriminación, tanto en República Dominicana como aquí en Estados Unidos.
Este blog no sería posible sin la investigación integral de las noticias y recursos que ellos proporcionan:
-Dominicanos por Derecho (Español/Inglés): Con sede en República Dominicana y sucursales en EE.UU. -We Are All Dominican (Español/Inglés): Activo in the United States -Reconici.do (Español): Movimiento juvenil radicado en República Dominicana -Border of Lights (Frontera de Luces) (Español/Inglés/Créole): Activo en RD, EE.UU. y Haití -Haitian Women for Haitian Refugees (English): Activo en Haiti y EE.UU. -Centro Bonó(Español): Grupo basado en la Fe de la República Dominicana Lecturas seleccionadas: “A Timeline of Denationalization” “Legal Analysis of the Sentencia” (TC 0168/13)
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fuente:acento.com.do
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