MONTERREY . La peor masacre al interior de un penal en la historia reciente de México fue resultado de una pelea con cuchillos y martillos que derivó en un baño de sangre y mostró una vez más el poder que los carteles de las drogas mantienen incluso fuera de las calles.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo el viernes que luego del motín y riña que dejó 49 muertos las autoridades encontraron al interior de la cárcel de Topo Chico 60 martillos, 120 puntas de metal artesanales y 86 cuchillos que fueron utilizadas en el enfrentamiento entre quienes se cree son miembros de dos facciones del cartel de las drogas de Los Zetas.
Dijo que al menos 40 de las víctimas "fallecieron por heridas de armas punzocortantes, golpes que se dieron a través de martillos, palos, lo que hoy mencioné que encontramos ahí".
Añadió que en la sobrepoblada prisión conviven sentenciados y procesados por delitos comunes y crimen organizado, también localizaron marihuana, cocaína y pastillas psicotrópicas, además de memorias USB, dos pantallas y reproductores de mp3.
Expertos y organismos de derechos humanos han advertido por años del control que los grupos criminales mantienen en varios penales del país. Y Rodríguez lo admitió públicamente.
"Lo que tenemos que ver con realidad en el sistema penitenciario es que hay autogobierno", dijo el gobernador. "Toda esta corrupción al interior del penal generó esta condición que hoy tenemos".
Además, por la poca paga, "nadie quiere ser custodio", dijo.
Cerca de la mitad de los internos en Topo Chico han sido sentenciados por delitos del fuero común o son sospechosos que aún no han sido sentenciados. Sin embargo, ellos son mezclados con otros presos que están convictos por narcotráfico y crimen organizado.
Uno de ellos era Raymundo González Hernández, de 23 años, acusado de secuestro y en espera de ser procesado. Él no estaba en la lista de heridos de la riña, pero su prima dijo que estaba cubierto de moretones y marcas en el cuerpo cuando lo vio.
"Tenía los dos ojos casi cerrados por todos los golpes que le dieron", dijo Cynthia Hernández.
"No podía hablar, nada más hacía así", añadió mientras movía su cabeza de un lado a otro.
Esta situación no es ajena a Victoria Casas Gutiérrez, una empleada de limpieza que el jueves esperó durante horas a tener noticias sobre su hijo Santiago Garza Casas, de 21 años, que enfrenta juicio por actuar como presunto vigilante para una banda criminal.
fuente.elnuevodiario.com.do
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