De nuevo la sociedad dominicana es conmovida por un escándalo de violación sexual de un menor y su asesinato, graves crímenes de los cuales se acusa a un sacerdote miembro de la Iglesia Católica.
En efecto, este martes 8 de agosto de 2017 se informó de la muerte del adolescente de 16 años Fernely Carrión, quien habría sido asesinado por el sacerdote Elvin Taveras Durán, quien también lo habría violado sexualmente desde los 10 años.
Los casos de agresiones sexuales de sacerdotes contra menores dominicanos han sido muchos, incontables, en los últimos años. Por ejemplo, el caso de Juncalito (Santiago) en donde el sacerdote polaco Wojciech Waldemar abusó de decenas de niños, y nunca fue juzgado en el país por sus delitos. Se encuentra preso en Polonia.
Su compatriota Josef Wesolowski, nada más y nada menos que embajador del Vaticano en Santo Domingo, no solo abusó sexualmente de niños, sino que los explotó sexualmente y los hizo consumir drogas y alcohol. Fue sacado del país por la propia cúpula católica con la complicidad de las autoridades dominicanas. Finalmente, en el Vaticano, donde supuestamente sería juzgado por sus crímenes, fue encontrado muerto. Su previsible final había sido advertido por más de un estudioso de los asuntos eclesiales.
Estamos seguros que los sacerdotes más serios, los que no necesitan ampararse en privilegios, están totalmente de acuerdo con este reclamo
Y ni qué decir del horroroso caso del albergue infantil de San Rafael del Yuma, en Higüey, que quedó cubierto por la impunidad. Decenas de niños y niñas violados. Por “casualidad” se incendió una prisión en la que estaban presos varios de los acusados laicos y testigos fundamentales de este caso.
En realidad, muy pocos casos de sacerdotes acusados de delitos sexuales u otros delitos terminan siendo juzgados a fondo en los tribunales. Menos aun terminan con una condena contra los sacerdotes.
A la Iglesia Católica se le teme mucho todavía. Y los curas que incurren en violaciones a las leyes gozan de privilegios. Recordemos que uno de los personajes acusados en el caso del albergue de Higüey, cuando fue llamado para fines de investigación habló a los medios de comunicación con el Concordato en la mano, alegando que no podía ser apresado, que gozaba de inmunidad en virtud de ese acuerdo.
Por el bien de la sociedad, el Gobierno de República Dominicana debía de dar los pasos formales para poner fin al infame Concordato firmado por el dictador Rafael Trujillo y el gobierno del Vaticano en el año 1954.
Debe de entenderse de una vez por todas que el Estado dominicano debe de ser laico. Todas las expresiones religiosas deben de ser tratadas conforme a las leyes de República Dominicana, sin privilegio para una sobre las otras.
Estamos seguros que los sacerdotes más serios, los que no necesitan ampararse en privilegios, están totalmente de acuerdo con este reclamo.
FUENTE:ACENTO.COM.DO
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