En análisis anteriores hemos destacado el difícil, delicado y complejo rol de la carrera policial, que es la de más alto riesgo dentro de las diversas funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, también enfrenta otra gran dificultad que se ha convertido en un atentado a la seguridad ciudadana: “la falta de garantías judiciales a las correctas actuaciones policiales”.
Esta situación es, a mi entender, la causa principal de que muchos agentes policiales sientan y manifiesten una sensación de inseguridad o “temor” al verse luego juzgados como si fueran vulgares delincuentes, no obstante haber actuado apegados a las disposiciones legales de actuación policial. A esta situación contribuye negativamente la recurrente agitación que es producida por la presión mediática por un lado, y por el otro, las llamadas organizaciones de derechos humanos, que al final solo contribuyen al aumento de la criminalidad.
En el presente artículo no pretendemos realizar críticas con ligereza al desempeño del sistema judicial del que ellos forman parte, sino más bien, aportar propuestas para el fortalecimiento institucional de los tres principales componentes del sistema judicial -Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional-, lo que de seguro redundará en la eficientización de estas instituciones, contribuyendo al combate efectivo contra la criminalidad y mejorando la política de prevención, con resultados positivos en beneficio de la convivencia social y calidad de vida de los ciudadanos.
Para nadie es un secreto que esta situación de indefensión impacta peligrosamente en la psiquis de los agentes policiales, constriñendo de manera directa a los patrulleros preventivos, así como a los agentes investigadores a llevar a cabo con responsabilidad y firmeza sus respectivas misiones institucionales, lo que a la postre contribuye a incrementar los niveles de delincuencia.
¿Por qué decimos que esto incrementa la delincuencia? Porque los policías podrían omitir reaccionar y accionar ante ciertas circunstancias o hechos delictivos y violaciones a la ley, por la ausencia de reglas claras respecto al trato y procedimientos que recibirán ellos cuando pudieran verse envueltos en escenarios donde tengan que emplear el uso de la fuerza que les confiere el Estado como detentor legítimo del monopolio de esta función, para realizar sus tareas de orden público, que van desde la simple presencia policial hasta el uso de la fuerza letal.
FUENTE:LISTINDIARIO.COM
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