En estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la solicitud de la Procuraduría General de la República de imponer medidas de coerción a varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido oficial como de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago de sobornos en contraprestación para la adjudicación de obras de infraestructura.
De conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en diciembre del 2016, la empresa multinacional constructora Norberto Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, en el que reconocía que durante los años 2001 al 2014 había realizado pagos en distintos países, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura.
Casi al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas actuaban frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador, en el que cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el Ministerio Público de ese país sudamericano de haber incurrido en actividades ilícitas vinculadas a la empresa brasileña.
Pero, con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera, persecuciones en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá, Colombia, México, Argentina y Chile.
Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.
Normalmente, los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de un país, dentro de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos países.
fuente:listindiario.com
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