SANTO DOMINGO. El futuro de los casos de corrupción instrumentados por el Ministerio Público y que están en los tribunales, continúa preocupando a la población, así como a actores del sistema político y judicial. El temor de que en los casos Odebrecht, Súper Tucano y Los Tres Brazos ocurra como en otros sonados procesos de presunta corrupción administrativa en que no se lograron sanciones, se evidencia en redes sociales y conversaciones entre ciudadanos.
Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), designado para conocer la solicitud de apertura a juicio, tiene la responsabilidad de establecer los méritos o no de la acusación formulada por la Procuraduría contra el senador Tommy Galán Grullón, el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras públicas, Víctor Díaz Rúa, los exsenadores Andrés Bautista García, Jesús Vásquez y Juan Roberto Rodríguez Hernández, así como del abogado y notario Conrado Pittaluga Arzeno.
Mañana martes, Ortega Polanco, conocerá tres incidentes planteados por los imputados. En caso de acoger al menos uno de ellos, será necesario recesar la audiencia preliminar.
Díaz Rúa le solicitó declararse incompetente para conocer el caso y por consiguiente declinarlo al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Tommy Galán, exige incorporar al proceso los autos motivados de los archivos dictados por la Procuraduría en favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Óleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González, en tanto que Jesús Vásquez pide todas las pruebas recolectadas en la fase investigativa para elaborar sus medios de defensa.
El juez de instrucción fue recusado y objetado en varias ocasiones por los imputados; dichos recursos fueron rechazados por el Pleno de la Suprema y su presidente, Mariano Germán Mejía.
A solicitud del consejo de defensa de algunos imputados, Francisco Ortega, repuso los plazos para la presentación de sus escritos de defensa, así como incidentes.
Las denuncias de la diputada Faride Raful y las solicitudes que ha hecho en varias ocasiones para que la Cámara de Diputados cree una comisión para investigar los pagos que le hizo el Estado a las empresas de Joao Santana, exasesor del presidente Danilo Medina, y su esposa Mónica Moura, generó cuestionamientos a la administración gubernamental.
La solicitud hecha en el hemiciclo motivó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia remitiera documentos a la Cámara explicando los montos y pagos hechos a los brasileños.
fuente:diariolibre.com.do
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